Éstas notas expresan los puntos de vista de los vecinos de las colonias de la parte baja de la Loma de Santa María potencialmente afectados por las acciones de los gobiernos estatal y municipal respecto de la construcción de la anunciada vialidad de “Altozano-Camelinas”. En estas notas se destacan el tema del estudio “técnico justificativo” del cambio del estatus de La Loma, y las condiciones de riesgo de la misma zona.
Específicamente sobre el Informe de Gobierno, y en referencia textual al tema que nos incumbe:
“Siempre hemos estado comprometidos con la defensa del medio ambiente y sostenemos la convicción de desarrollo con sustentabilidad. En consecuencia emití un nuevo decreto por el que se declara zona de restauración y protección ambiental la Loma de Santa María. Esta decisión no es un acto de voluntad unilateral, sino que está sustentada en un riguroso estudio técnico. Ante las dudas que generó, hemos decidido también que las 66 hectáreas que quedaron fuera del área de restauración, a excepción de 8.4 requeridas para la nueva vialidad, serán asimismo declaradas zonas de restauración y conservación. A finales de marzo de este año estarán publicados los decretos respectivos.” (Mtro. Leonel Godoy).
Nos permitimos hacer las siguientes observaciones.
1.- Las declaraciones del gobernador acerca de un nuevo decreto a ser emitido en marzo de 2010, como realizado formalmente como parte de su Informe de Gobierno, confirman lo errático e inconsistente de la política de desarrollo urbano y de gestión del medio ambiente a nivel del propio Ejecutivo. Se trata de un nuevo decreto de parche y remiendo, que igualmente descompone la protección que se demanda para la Loma de Santa María.
2.- El hecho de que con el nuevo decreto se limiten a 8 hectáreas el territorio que se pretende destinar para la vialidad “Altozano-Camelinas” no representa una mejoría de ningún tipo. Esto es obvio y evidente. El daño está hecho con el cambio de estatus de Área Natural Protegida a la inferior de Zona de Restauración. Las leyes de la ecología y las lecciones del cambio climático establecen que hay procesos que no responden a mecanismos lineares, sino exponenciales. Por lo tanto, si son 10 o 50 hectáreas, el daño se realiza por la “incrustación” de la vialidad y el complejo inmobiliario, elshopping mall, y por la obras de construcción. Esto parece que lo ignoran los funcionarios de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA).
3.- Por otra parte, se debe considerar que bajo el nuevo marco legal, se puedan entregar 8 hectáreas de un bien público, común, de valor especial, a los intereses del sector privado, corporativo inmobiliario. Esta es una forma diferente de “malversación” de fondos o bienes públicos, en este caso de vital importancia para el desarrollo sustentable de la ciudad y el municipio.
4.- Obviamente que estos decretos, el del 31 de diciembre de 2009 y el nuevo que se anunció ayer, son unilaterales y autoritarios. No se no han consultado ni a los habitantes de las zonas potencialmente afectadas, ni a los académicos de las disciplinas clave ya sea de la UMSNH o de la UNAM.
5.- Pero vale la pena poner las cosas en una perspectiva más amplia, sobre el desarrollo verdaderamente sustentable de la ciudad de Morelia. Y hablamos del factor de riesgo a los desastres de la zona de referencia. Esto es algo que sistemáticamente se está eludiendo. El Informe no lo menciona. El estudio técnico justificativo del decreto igualmente es incompleto por evadir este tema.
6.- Pero como mencionado en la Carta que le estamos dirigiendo al C. Gobernador (12 de febrero de 2009, y publicada al día siguiente en La Jornada Michoacán):
“Este es otro hecho fundamental: la Loma está localizada en una zona geográfica de la ciudad considerada de alto riesgo de desastres, en vista de su posición a lo largo de una falla geológica bien identificada. Este peligro es evidente; basta con inspeccionar los agrietamientos y hundimientos en el terreno, y las cuarteaduras de muchas viviendas. Asimismo, como resultado de la urbanización en la parte alta, y la decreciente capacidad para la filtración de agua, las inundaciones que se presentan en Morelia cada temporada de lluvias son una dramática realidad. Es, por lo tanto, la seguridad de las familias que habitan, trabajan, estudian y conviven en la parte baja de la Loma, la situación fundamental que demanda la cancelación definitiva del nuevo proyecto anunciado de la vialidad “Altozano-Camelinas”.”
7.- En el Informe el Ejecutivo estatal hace referencia al “riguroso estudio técnico”. Al gobernador le fallan sus asesores, pues se trata de un estudio bastante pobre y sin fundamento. Esto es bastante serio y delicado. Pues es en base a este estudio que se está poniendo en riego la vida de muchas familias. En consecuencia, es de cardinal importancia que la sociedad michoacana, en general, conozca y analice el “Estudio Técnico Justificativo” del cual ya se han publicado varias evaluaciones en La Jornada Michoacán (el más reciente titulado “¿Estudio técnico justificativo? No hay técnica ni justificación por ningún lado”, lunes 8 de febrero de 2010).
8. Dicho estudio es totalmente carente de contenido y valor técnico propiamente dicho: disciplinas de ecología, gestión del medio ambiente y recursos naturales, geología, etc.; y no hace justicia a la gravedad del asunto del cambio del estatus de protección de la zona. Insistimos, es lamentable que en base a dicho documento el Ejecutivo estatal haya firmado y publicado un decreto de mayor importancia para el desarrollo sustentable del municipio y de la ciudad. Valdría la pena que las propias autoridades académicas de las instituciones de educación superior asentadas en La Loma –y de la propia Universidad Michoacana– se den cuenta que dicho estudio, no solamente no aporta el mínimo fundamento, sino que es la propia causa y origen de la fragilidad y falta de validez del Decreto en cuestión.
9.- Reiteramos nuestra demanda ciudadana:
“Mientras nos comprometemos a presentar nuestra inconformidad ante las instancias competentes nacionales e internacionales, en relación a las omisiones y falta de sustento técnico del decreto de diciembre de 2009, y la inconsistente aplicación de la legislación en materia de medio ambiente a nivel estatal, demandamos:
(a) se revoque dicho decreto y se restituya el carácter de Área Natural Protegida a La Loma de Santa María; y
(b) se reanude de inmediato la construcción de la vialidad de “Las Torres” (calzada Amalia Solórzano), la cual beneficiaría a un gran número de colonias y asentamientos humanos de la ciudad.”
10.- Acciones a seguir.- La sociedad civil organizada, incluyendo ante todo los vecinos de las colonias aledañas a la Loma de Santa María, profesionistas y académicos, y habitantes en general de la ciudad de Morelia y del resto de la entidad, estamos procediendo con todos los instrumento jurídicos a nuestra disposición. Se parte de nuestro derecho constitucional, inalienable, a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. Este derecho está consagrado en la Constitución de la República, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en otros instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.
