El Caracol ecológico
Javier López-Osorio
"Este significa una nueva forma de luchar,
una reorganización,
una forma de resistencia en contra del mal gobierno,
del poder y del dinero.
Es el derecho a gobernarnos con libertad y autonomía"
Comandante Moisés.
El recurrente caso del Área Natural Protegida (ANP) "La Loma de Santa María y depresiones aledañas", es sintomático, es el prototipo de contradicciones que se dan bajo un sistema político orientado a manejar las leyes a conveniencia, a favorecer intereses privados antes que los públicos. No existe un predio, que recuerde, más codiciado por la iniciativa privada en Morelia, que más embates haya recibido para ser usufructuado por particulares. Ires y venires de gobernantes estatales y municipales, y el objeto de su codicia sigue vigente, con toda serie de artilugios legaloides y con total desfachatez han intentando afectar la superficie declarada ANP para, principalmente, atravesarla con una vialidad que beneficie el desarrollo Altozano, en la parte sur de Morelia. Muchos billetes de por medio.
También han convertido ésta zona en el baluarte de la defensa ciudadana de su patrimonio natural, en la generadora y reproductora de una conciencia socioambiental propositiva. En un espacio ganado por y para la ciudadanía, como centro de reunión, esparcimiento, reencuentro y asociación transgeneracional de coexistencia y coincidencias. En un lugar de cooperación y vínculo independiente del ciudadano común y corriente, que busca nuevas relaciones no basadas en el poder sino en la convivencialidad. Es un lugar recreado en la defensa colectiva contra la arbitrariedad y despotismo del poderoso. Como bastión de resistencia ciudadana, va construyéndose un Caracol Ecológico.
Seguimos viendo atributos ciudadanos ahí expresados, por el malestar que sobrellevan ante tanta injusticia por doquier, siendo ello su fortaleza y su punto de unión; ante la vorágine monetarista que todo lo reduce a pesos y centavos, de aquel que come sin levantar la mesa, de aquellos que parasitan de nuestras contribuciones y nuestras debilidades, de los que le apuestan al deterioro para obtener tajada, contra los que aún no entienden el significado ciudadano del ¡Ya Basta! de tanta corrupción, prepotencia, inconsciencia, insensibilidad, represión, iniquidad…
Las autoridades, principalmente SUMA y el Ayuntamiento de Morelia, nunca han querido sentar las bases de legalidad en esa zona, y se ocultan, menospreciando los decretos respectivos y haciendo caso omiso de sus responsabilidades que tienen en el cuidado, protección y preservación de ésta importante área ecológica y ambiental de la ciudad de Morelia; de todos los morelianos. Agregando la sinvergüenzada de echarle la culpa a los ciudadanos por la falta de atención de esa ANP. Más bien han generado y agravado los conflictos derivados de la alterada interpretación que esas instancias gubernamentales, azuzadas por la iniciativa privada, dan a la actual normatividad que la rige. Y ya sin empacho sacan a relucir sus mezquinos intereses, al buscan urbanizar La Loma de Santa María, pasando por encima del sentir ciudadano, la normatividad vigente estatal y federal.
A manotazo limpio con actos ilegítimos e ilegales, sobreponen los intereses particulares a los colectivos, en contra de una población que merece tranquilidad, seguridad y certidumbre. Con el albazo del 31 de diciembre del 2009 publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), no sólo buscan cambiar el estatus de protección del ANP de La Loma, sino se atreven a desincorporar 62.3 hectáreas por estar, según un estudio pseudocientífico, en grave proceso de deterioro y desertificación. Autores materiales; SUMA y Ayuntamiento de Morelia, autores intelectuales; intereses inmobiliarios de Francisco Medina y Cía.
De un plumazo intentan borrar los Decretos federal, estatal y municipal. El primero Presidencia del 8 de septiembre de 1936, publicado en el Diario Oficial de la Federación en el cual se declara "Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrológica del Río Chiquito", el segundo publicado en el POE del 19 de agosto de 1993, que ordena como ANP, bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica la "Loma de Santa María y depresiones aledañas" y el último determinado en el vigente Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Morelia.
Si ello fuera poco, han pasan por alto el objeto de la propia ley ambiental estatal de "proteger el ambiente, conservar el patrimonio natural, propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: Tutelar el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; ejercer las atribuciones de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (ley supletoria ante las lagunas legislativas de la normatividad ambiental estatal)…y demás ordenamientos aplicables en la materia; y la creación, vigilancia y administración de las áreas naturales protegidas"
Hacen polvo la ordenanza de considerar de utilidad pública, "Las zonas del territorio estatal que han quedado sujetas al régimen de protección… (especial, para) mejorar la calidad del ambiente de los centros de población y sus alrededores". Olvidando principios jurídicos fundamentales que determinan que "… la Secretaría o el ayuntamiento, deberán realizar reuniones públicas de información y consulta, para dar a conocer los alcances del establecimiento del área".
Violentando no sólo la normatividad, al intentar obstruir el acceso público a la información, sino con dolo la tergiversan al omitir que cualquier modificación al decreto ANP debe seguirse las mismas formalidades previstas en la Ley para la expedición de la declaratoria precedente. Y aún más ocultan que en términos de lo establecido en el marco jurídico ambiental, las zonas de Restauración o Protección Ambiental, se establecen dentro de las ANP, "con el propósito de realizar las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ellas se desarrollan", promoviendo el ejecutivo, en su caso, una declaratoria especial pero "dentro de las ANP establecidas".
Muestra, sólo una muestra del conjunto de sinrazones de empleados de un gobierno que esgrime como política pública la democracia participativa y el estado de derecho. Existen aún instrumentos de gestión ciudadana como el amparo, la controversia legislativa, el juicio político, el referéndum, la movilización y confluencia solidaria de diversos sectores de la sociedad… La lucha continúa. El Caracol crece.
Rendijas
1.- Un año y 142 días (12 mil 170 horas), y persiste el simulacro en el pago de pensiones vitalicias. Ahora resulta que siempre no, que los legisladores se confundieron. Una burla más al pueblo de Michoacán.
2.- Avanza el reclamo ciudadano por la libertad inmediata del compañero universitario Mario Romero Tinoco, ilegalmente encarcelado por el gobierno federal.
