Atraco ambiental en los filtros viejos y Santa María

Ene 27, 2010 in Columna, Titulares
Por Agustín Torres Ibarrola

Lo que hoy es bosque y ríos podría ser mañana fraccionamientos y avenidas. El decreto del gobernador perredista Leonel Godoy que suprime el Área Natural Protegida de la loma de Santa María y la cañada de los filtros viejos es ilegal, autoritario y atenta seriamente contra el medio ambiente de Morelia.

En 1993 el gobierno del estado declaró el área natural protegida y desde 1936 Lázaro Cárdenas decretó una Zona Protectora Forestal. En 1984 su hijo Cuauhtémoc, siendo gobernador, emitió una declaratoria de preservación ecológica de la franja.

Todos estos decretos se hicieron con un fundamento científico y jurídico al reconocer la importancia ecológica del área. Son muchos los beneficios que recibimos de ella: aire limpio, recarga de acuíferos, conservación de biodiversidad, espacios de recreación, conservación del clima de la ciudad, humedad, etcétera.

El más importante de todos los decretos que han protegido la zona es el de 1993 porque le otorga la categoría de área natural protegida. Bajo ese carácter, en las 232.8 hectáreas resguardadas sólo se podían realizar actividades acuaculturales de aprovechamiento hídrico, de investigación, educación ecológica, regeneración y reforestación de la vegetación nativa, y en general aquellas tendientes a la conservación de los ecosistemas y sus elementos. Quedaba prohibida la construcción de todo tipo de edificaciones.

El último día del año pasado el gobernador perredista Leonel Godoy emitió un decreto que abroga el de 1993, deja sin protección a 66.12 hectáreas, casi la tercera parte de toda el área, y declara “Zona de Restauración y Protección Ambiental” las restantes 166.68 hectáreas.

Dejar desprotegidas 66 hectáreas significa que en ellas podrá realizarse absolutamente cualquier cosa. Gracias al decreto del gobernador, hoy no hay figura jurídica alguna que proteja ese tercio de área natural. Es de suponerse que la autoridad municipal recibirá presiones del mismo tamaño que los intereses que pretenden apoderarse de un predio de esa dimensión bajo el pretexto del desarrollo urbano. Declaró la Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado, Catalina Rosas que: “Lo que quedó fuera del nuevo decreto se regirá bajo el programa de desarrollo municipal, y ellos decidirán si sigue siendo área natural protegida o no” ¿Usted qué cree que sucederá?

El principal argumento que ha dado el gobierno para convertir las restantes 166 hectáreas del Área Natural Protegida en Zona de Restauración y Protección Ambiental es que el área ya se encuentra degradada y que esta nueva figura va enfocada a llevar a cabo “las acciones necesarias para su recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaron.”

Si lo que buscaba el gobernador era evitar la degradación y recuperar la franja, no necesitaba desaparecer el área natural protegida. El artículo 60 de la Ley Ambiental señala: “El establecimiento de áreas naturales protegidas en el territorio estatal tiene como finalidad: …X.- La restauración de los hábitats, especialmente los más representativos y aquellos que se encuentren sujetos a procesos avanzados de deterioro o degradación.”

Es mentira que sólo bajo la figura de Zona de Restauración podemos recuperar ese hábitat. La realidad es que esa figura no trae ningún beneficio. La única razón para crearla es que la ley no establece mayor formalidad y ello le facilitaba el camino al gobierno para realizar este atropello.

El decreto del gobernador Godoy es abiertamente ilegal. El artículo 71 de la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado dispone: “Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión y, en su caso, los usos del suelo o cualquiera de sus disposiciones, por la autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en esta Ley para la expedición de la declaratoria respectiva.”

Para modificar la extensión del área natural protegida –en este caso la redujo a cero metros cuadrados– el gobernador tendría que haber seguido las siguientes formalidades que dispone la ley: a) poner disposición del público los estudios que justifiquen el cambio, cosa que no hizo; b) notificar a los propietarios de los terrenos involucrados sobre el inicio del procedimiento, cosa que tampoco realizó; c) publicar en el periódico oficial y en un diario de mayor circulación en el estado el inicio del procedimiento modificatorio, no lo hizo; d) dar a conocer las fechas y los lugares en que habrán de realizarse reuniones públicas de información y consulta, evidentemente tampoco lo llevo a cabo.

En lugar de realizar todas las acciones anteriores, al gobernador se le hizo fácil agregar como si nada un artículo segundo transitorio en su decreto del 31 de diciembre que señala: “Se abroga el Decreto de Creación del Área Natural Protegida «Loma de Santa María» y depresiones aledañas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha 19 de agosto de 1993.”

Causa especial sospecha que habiendo evitado las consultas públicas y la información a la ciudadanía, el artículo primero transitorio del decreto disponga la entrada en vigor del mismo inmediatamente al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial. Casualidad que sea en los primeros días enero aprovechando el impasse mediático que esos días naturalmente generan.

Por si fuera poco, el viernes 15 de enero, la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente publicó en el Periódico Oficial un “Acuerdo por el que se restringe la información pública mediante figura de reserva” con el que clasifica entre otras cosas “toda la información en formato digital modificable como archivos con extensión .doc o .shp de las áreas naturales protegidas de carácter estatal.” También reservó los “estudios técnicos que se encuentren en proceso de elaboración o que aún no se tengan los resolutivos correspondientes, así como los que se encuentren en proceso de ser publicados oficialmente”

Hasta dentro de seis años podremos conocer información en formato digital sobre áreas naturales protegidas o los estudios que llevaron al atropello que he venido describiendo. Todo esto porque el Comité de Información de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente consideró que se trata de “información que pone en riesgo la seguridad del Estado o los municipios, la vida, la seguridad o la salud de las personas.”

Un proceso que la ley dispone debería llevarse a cabo en una vitrina de cristal lo han trasladado a una caja obscura a la que sólo ellos tienen acceso. ¿Qué es lo que esconden?

Estoy de acuerdo con que tiene que construirse un acceso vial a Santa María, es algo urgente para la ciudad. En lo que difiero es en la forma en que se pretende hacer. Hay muchas opciones para construirlo sin depredar la zona que he referido. Todas ellas han sido expuestas por distinguidas voces de la academia que hasta ahora han sido ignoradas.

Esta acción del gobierno estatal es abiertamente ilegal y debemos llegar hasta sus últimas consecuencias. No puede quedar impune, no debe. Es nuestro deber moral, jurídico y político combatirla con todos los medios a nuestro alcance.

Invito a las morelianas y morelianos interesados en el medio ambiente y el desarrollo sustentable de la ciudad a sumarse a la defensa de la loma. Es más fuerte la ciudadanía de Morelia que el autoritarismo y la arbitrariedad de un gobernador, no tengo la menor duda de ello.

Comentarios: agustin.torres@congreso.gob.m

Original: http://www.pulsojuridico.com/?p=844