Miércoles 23 de Enero de 2008
«… A 17 días de este gobierno (municipal)
están empezando con este tipo de dinámica
bajo la pantalla de que el proyecto viene de
la administración pasada; esta administración
está comprando broncas».
David Barkin
Nuevamente entra en conflicto el marco jurídico existente para la conservación o preservación del Área Natural Protegida (ANP) conocida como la
Loma de Santa María y depresiones aledañas, esto debido principalmente a la falta de una regulación completa y clara de esta importante área de competencia federal y estatal.
Para dar mayor objetividad a nuestro análisis lo dividimos en dos apartados: las normas y ordenamientos existentes y los faltantes: existen a la fecha el decreto expedido por el gobierno estatal, además de una vasta legislación federal y estatal en referencia a la conservación, preservación, manejo y continuidad de esta ANP, faltando indudablemente su programa de manejo como instrumento concreto de «planeación y normatividad que contendrá entre otros aspectos, las líneas de acción, criterios, lineamientos y en su caso, actividades específicas a las cuales se sujetará la administración y manejo de las mismas» (artículo 77 de Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo).
Es indudable reconocer que bajo la inexistencia de este tipo de instrumentos de la política ambiental seguirán existiendo una serie de conflictos producto de vacíos jurídicos que permitan dirimir las controversias ambientales que en la materia se presentan al momento de programar e invertir recursos en las ANP.
Por ello se hace indispensable que a la brevedad posible se realice el plan o programa de manejo de todas las áreas de protección especial de competencia estatal y primordialmente el referido a la Zona Sujeta a Conservación Ecológica (ZSCE) Loma de Santa María y depresiones aledañas, por su cercanía con la ciudad más poblada del estado. Con lo cual se espera tener mayor certeza jurídica, científica, social y ambiental de esta área territorial, que en los últimos años ha generado un buen número de conflictos sociales, bajo la incertidumbre de la pérdida total, parcial o de la calidad de esta área con protección especial.
Por ello haremos una sucinta revisión de ordenamientos existentes para fundamentar y justificar la necesidad de elaborar con prontitud, a través del consenso, este instrumento básico para la conservación y preservación ecológica de esta zona tan importante, desde el punto de vista ambiental y social, para los morelianos.
El decreto (19 de agosto de 1993), ordena como ANP, con el estatus de ZSCE, la Loma de Santa María y depresiones aledañas, considerando; 1) Que la planeación y ejecución (…) debe realizarse bajo la premisa básica de que los recursos naturales conforman una reserva estratégica fundamental, para la soberanía del Estado (…); 2) Que la ley considera como áreas naturales protegidas entre otras, las ZSCE, localizadas en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos (…); 3) Que en el municipio de Morelia se localiza un área conocida como Loma de Santa María, que comprende los llamados «filtros viejos», área que cobra especial importancia en la captación de agua para las corrientes superficiales y subterráneas y constituye un filtro vegetal cuyos suelos cuentan con una amplitud en su cobertura vegetal (y) en su fauna (…), de cuyo equilibrio y preservación depende de su existencia, reproducción y desarrollo; 4) El uso, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales del área que es objeto de esta declaratoria, deberá realizarse conforme a las condiciones y restricciones que se establezcan en el programa de manejo (como instrumento rector que establece y regula el manejo de los recursos de un área natural protegida y el desarrollo de las acciones requeridas para su conservación y aprovechamiento sustentable); 5) En el área natural protegida (…), sólo se podrán realizar actividades acuaculturales de aprovechamiento hídrico, de investigación, educación ecológica, regeneración y reforestación de la vegetación nativa, y en general aquellas tendientes a la conservación de los ecosistemas y sus elementos; 6) En el área (…), queda estrictamente prohibida la construcción de todo tipo de edificaciones o instalaciones que no sean las destinadas para los fines de este decreto, de acuerdo al programa de manejo; 7) La Secretaría (SUMA), en coordinación con el municipio, elaborará el programa de manejo de la ZSCE Loma de Santa María y depresiones aledañas; 8) En el programa de manejo (…) se determinarán las actividades permitidas para la preservación (…) Las modalidades a que se sujetará el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como las limitaciones y prohibiciones respectivas. Dicho programa contendrá por lo menos: I. La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales de la zona en el contexto regional y local; II. Los objetivos específicos del área natural protegida; III. Las acciones a realizar en corto, mediano y largo plazo, entre las que se comprenderán la investigación, uso de los recursos naturales, extensión, difusión, operación, coordinación, seguimiento y control; y IV. Las normas y técnicas aplicables para el uso del suelo y aprovechamiento de los recursos naturales.
Por su parte la nueva Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural (del 15 de noviembre del 2007), nos dice al respecto que: Artículo 69. Los decretos o actos de creación mediante los cuales se establezcan áreas naturales protegidas y sus programas de manejo, deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado; Artículo 76. La Secretaría y los ayuntamientos, según corresponda, elaborarán el programa de manejo (…); Artículo 77. El programa de manejo (…) es el instrumento de planeación y normatividad que contendrá entre otros aspectos, las líneas de acción, criterios, lineamientos y en su caso, actividades específicas a las cuales se sujetará la administración y manejo de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en la declaratoria (…) además contendrá: I. Las características físicas, biológicas y sociales del área; II. Los objetivos del área; III. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazos para la conservación, restauración e incremento de los recursos naturales, para la investigación y educación ambiental y, en su caso, para el aprovechamiento racional del área y sus recursos; IV. Las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales estatales aplicables para el uso del suelo y aprovechamiento de los recursos naturales, las características sanitarias, de cultivo y conservación del suelo y del agua y la prevención de su contaminación; V. Las bases para la administración, mantenimiento y vigilancia del área; VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables; y, VII. Los mecanismos de financiamiento del área.
En cuanto al Reglamento de la Ley Ambiental de Michoacán (publicado en el Periódico Oficial el 17 de mayo del 2004) considera que es prioridad para el Ejecutivo lograr un equilibrio entre el desarrollo económico estatal y protección del medio ambiente, a fin de lograr preservación de los recursos naturales, así como establecimiento de mecanismos que permitan a las autoridades en la materia velar por el estricto cumplimiento de la norma y sancionar aquellas conductas que atenten contra la riqueza natural de Michoacán.
De los programas de manejo establece que: Artículo 70. Las áreas naturales protegidas deberán contar con un programa de manejo (…). El programa de manejo deberá sujetarse a las disposiciones contenidas en la declaratoria. Para elaborar el programa de manejo, se tomarán en cuenta las características del área natural protegida, la categoría de manejo, sus objetivos y los restantes programas que se relacionan con el área natural protegida. En el mismo se definirá qué, dónde y cómo realizar las actividades en cada área, se preparan para cubrir un periodo de trabajo de cinco a diez años y se insertan en el marco del ordenamiento territorial; Artículo 71. En la formulación del programa de manejo se deberá promover la participación de: I. Los habitantes, propietarios o legítimos poseedores de los predios que conforman el área natural protegida; II. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; III. Los gobiernos municipales; y, IV. Organizaciones sociales, públicas o privadas; Artículo 72. (…). La secretaría es la responsable de revisar, evaluar y aprobar los programas de manejo, así como de vigilar (…).
El reglamento federal dedicado a normar las ANP, ordena los contenidos del programa de manejo: Artículo 74. El programa de manejo (… contendrá) la especificación de las densidades, intensidades, condicionantes y modalidades a que se sujetarán las obras y actividades que se vienen realizando (…). En dicho programa se deberá determinar la extensión y delimitación de la zona de influencia del área protegida respectiva. Además el programa de manejo contendrá la delimitación, extensión y ubicación de las subzonas que se señalen en la declaratoria.
Bajo estas premisas queda claro no sólo la obligación, sino la necesidad jurídico-social de contar de manera inaplazable con el programa de manejo que brinde los criterios necesarios para procurar la preservación de la Loma de Santa María, de no hacerlo seguirán ocurriendo conflictos derivados de la variada interpretación (principalmente gubernamental y de la iniciativa privada), que se da de las actuales normas que la rigen.
Es momento de que las autoridades estatales y municipales se ocupen de verdad en establecer este tipo de normatividad, indispensable para la convivencia armónica de la sociedad. Cualquier acto gubernamental que no sobreponga los intereses colectivos a los particulares será autoritario, insensible e indeseable para una población que merece tranquilidad, seguridad y certidumbre. |
